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El próximo 1° de diciembre se tratará en el Consejo Superior de la UNLP la aceptación o no de los llamados “Fondos de La Alumbrera”, alrededor de 1.8 millones de pesos a repartir entre las facultades de la Universidad provenientes de una emppresa que opera en la provincia de Catamarca. La minera La Alumbrera ha incurrido en el presunto delito de contaminación peligrosa para la salud, representando en sí misma el modelo de desarrollo neoliberal, basado en la entrega de los recursos naturales a multinacionales poco (o nada) preocupadas por la sustentabilidad ambiental de los emprendimientos, dejando un saldo de contaminación irreversible en comunidades vecinas que no reciben ningún beneficio. Por eso desde TIPO, así como lo hizo la mayoría del estudiantado, nos oponemos a que nuestra Universidad acepte plata proveniente de una compañía que atenta contra el bienestar del pueblo argentino. Sin embargo, más allá de la posición que tomemos al respecto, estamos convencidos de que el tema merece un debate más profundo, así que en lugar de decir simplemente “estamos en contra” vamos a analizar las razones para hacerlo.
El yacimiento de oro y cobre Bajo La Alumbrera se ubica en el departamento catamarqueño de Belén y los derechos de su explotación le pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ente compuesto por la provincia de Catamarca, el Estado nacional y la Universidad de Tucumán –el yacimiento fue descubierto por científicos de la casa, que en 1948 lo registraron a nombre de la institución–. Para explotar la mina, YMAD conformó en 1994 una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Ltd., formada por corporaciones extranjeras: tras sucesivas compras y ventas, hoy son Xstrata Plc, de Suiza, Goldcor y Yamana Gold, ambas de Canadá. La actividad empezó en 1997, siendo el primer emprendimiento minero a cielo abierto en el país. Esto significa que no es una mina de explotación subterránea tradicional sino que para la extracción de metales se abren agujeros inmensos en los que se utilizan enormes cantidades de agua y sustancias tóxicas (como el cianuro) para tratar la roca molida por los explosivos, haciendo desaparecer cerros enteros y contaminando el agua y el aire. En la actualidad La Alumbrera es la mina más grande del país, así como también una de las mayores del mundo, con una facturación anual de 1.500 millones de dólares.
Las actividades en el yacimiento de Bajo La Alumbrera están reguladas por la ley 14.771, sancionada en 1959, que establece el modo en que las utilidades deben ser distribuidas. El YMAD recibe el 20% de los beneficios que genera la mina y de ese dinero reparte el 60% para la Provincia de Catamarca, el 20% para la Universidad de Tucumán y el 20% restante va para las demás universidades estatales. Es así que hace unos días llegó al sistema universitario una partida de 36.8 millones de pesos -la segunda, teniendo en cuenta que el año pasado había entrado otra por 50 millones- cuyo reparto acordó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cuerpo que integran los rectores de todas las universidades públicas.
En conclusión, el dinero llega a nuestras facultades por una ley del Estado que prevee la explotación responsable de los recursos naturales en nuestro país. Sin embargo, debido a los negociados que se hicieron con el YMAD durante el neoliberalismo menemista, dicha explotación ha pasado a ser un saqueo de nuestros minerales por parte de empresas extranjeras. Aceptar los fondos de La Alumbrera sería posicionarnos como cómplices de su desmedida explotación, ignorando los flagelos de la contaminación en el medio ambiente catamarqueño. Ahora bien, es importante entender que no debemos simplemente oponernos a legitimar el saqueo de nuestros recursos y luego reclamarle al Estado que le aumente el presupuesto a las universidades, sino que haciéndonos cargo de la función Transformadora de la Universidad debemos pensar e impulsar nuevas formas de explotación de los recursos naturales no desde un simple papel académico sino desde el compromiso concreto con la liberación nacional. Sólo así podremos solucionar nuestros problemas de desarrollo de manera integral y sustentable, consiguiendo con ello un país más justo para todos.
El yacimiento de oro y cobre Bajo La Alumbrera se ubica en el departamento catamarqueño de Belén y los derechos de su explotación le pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ente compuesto por la provincia de Catamarca, el Estado nacional y la Universidad de Tucumán –el yacimiento fue descubierto por científicos de la casa, que en 1948 lo registraron a nombre de la institución–. Para explotar la mina, YMAD conformó en 1994 una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Ltd., formada por corporaciones extranjeras: tras sucesivas compras y ventas, hoy son Xstrata Plc, de Suiza, Goldcor y Yamana Gold, ambas de Canadá. La actividad empezó en 1997, siendo el primer emprendimiento minero a cielo abierto en el país. Esto significa que no es una mina de explotación subterránea tradicional sino que para la extracción de metales se abren agujeros inmensos en los que se utilizan enormes cantidades de agua y sustancias tóxicas (como el cianuro) para tratar la roca molida por los explosivos, haciendo desaparecer cerros enteros y contaminando el agua y el aire. En la actualidad La Alumbrera es la mina más grande del país, así como también una de las mayores del mundo, con una facturación anual de 1.500 millones de dólares.
Las actividades en el yacimiento de Bajo La Alumbrera están reguladas por la ley 14.771, sancionada en 1959, que establece el modo en que las utilidades deben ser distribuidas. El YMAD recibe el 20% de los beneficios que genera la mina y de ese dinero reparte el 60% para la Provincia de Catamarca, el 20% para la Universidad de Tucumán y el 20% restante va para las demás universidades estatales. Es así que hace unos días llegó al sistema universitario una partida de 36.8 millones de pesos -la segunda, teniendo en cuenta que el año pasado había entrado otra por 50 millones- cuyo reparto acordó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cuerpo que integran los rectores de todas las universidades públicas.
En conclusión, el dinero llega a nuestras facultades por una ley del Estado que prevee la explotación responsable de los recursos naturales en nuestro país. Sin embargo, debido a los negociados que se hicieron con el YMAD durante el neoliberalismo menemista, dicha explotación ha pasado a ser un saqueo de nuestros minerales por parte de empresas extranjeras. Aceptar los fondos de La Alumbrera sería posicionarnos como cómplices de su desmedida explotación, ignorando los flagelos de la contaminación en el medio ambiente catamarqueño. Ahora bien, es importante entender que no debemos simplemente oponernos a legitimar el saqueo de nuestros recursos y luego reclamarle al Estado que le aumente el presupuesto a las universidades, sino que haciéndonos cargo de la función Transformadora de la Universidad debemos pensar e impulsar nuevas formas de explotación de los recursos naturales no desde un simple papel académico sino desde el compromiso concreto con la liberación nacional. Sólo así podremos solucionar nuestros problemas de desarrollo de manera integral y sustentable, consiguiendo con ello un país más justo para todos.
